Según declaraciones de la Delegada Presidencial Regional de Valparaíso, Sofía González, se interpondrá una querella por Ley de Control de Armas y Explosivos a raíz de lo sucedido en una torre de alta tensión en Valparaíso.
Diputada Republicana por la región de Valparaíso Chiara Barchiesi:
“Que la Fiscalía haya confirmado la presencia de explosivos en este atentado nos trae a la memoria momentos muy tristes de la historia de este país, los actos terroristas de los años 80 en las torres de alta tensión. Ese retroceso es un hecho de máxima gravedad, no sólo porque pone en peligro el sistema eléctrico de toda una zona, sino porque también nos habla de la presencia de grupos organizados para cometer delitos con utilización de explosivos y de la incapacidad del Gobierno, sistema de inteligencia incluido, para anticiparse a estos hechos. No olvidemos que este año se modificó la Constitución para incorporar la protección de infraestructura crítica por parte de las Fuerzas Armadas para evitar estos mismos hechos, y hubo una dura resistencia de la izquierda ideológica. Pero lo logramos, y lo hicimos precisamente para impedir que grupos subversivos vuelvan a utilizar la violencia como método de acción política para atentar contra la población y la democracia. La energía es muy importante para hospitales, centros de abastecimiento, hogares y por supuesto a electrodependientes».
Diputado Jorge Brito, quien integra la comisión de Inteligencia de la Cámara, también se refirió sobre la detonación de explosivos en torre de alta tensión en Valparaíso. “Los hechos son del todo preocupantes. Desde la Comisión de Inteligencia de la Cámara estamos monitoreando la investigación. Este tipo de atentados no habían ocurrido en la zona central solo lo habíamos vivido recientemente en el sur del país, lo que nos recuerda los peores momentos del siglo XX donde grupos extremistas buscaban sabotear el funcionamiento de Chile dejando sin suministro eléctrico a las principales ciudades del país. Es por eso que esperamos que la investigación aclare todo; quienes son responsables de esto por infracción a la ley de control de armas y explosivos arriesgan presidio mayor en su grado medio, esto es, de diez años y un día a quince años de presidio efectivo”.
